miércoles, 2 de abril de 2008

EL CONCURSO DE MÉRITOS Y DE OPOSICIÓN

DR. OSWALDO SEGOVIA MEDINA

El concurso de méritos y de oposición es el único camino idóneo para llegar a un cargo en el sector público, entendiendo que a él, a través del citado concurso debe y tiene que llegar la o el aspirante más destacado, con antecedentes completamente limpios, capacidad y extremada probidad, encontrándose respaldado éste en la Constitución Política de la República en su Art. 124, en concordancia con los Arts. 24, 25, 26, 71, 72, 74, 75, 89, 94 y 96 de la nueva codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, publicada en el R. O. número 16, de fecha Mayo 12 del 2005, más, por muchos años las y los ecuatorianos son testigos y no sólo testigos, sino que tuvieron que soportar infortunios, porque sólo fue utilizado como un formulismo para cubrir apariencias de que en efecto tal o cual cargo de tal o cual institución ha sido llenado por concursos de méritos y de oposición.

La Función Judicial, no se libró de esta práctica anómala puesto que para nadie es desconocido, que pese a que en los innumerables concursos llevados a cabo, años atrás, participaron mujeres y hombres altamente preparados en el campo académico, abogadas y abogados competentes, al final resultaba decepcionante, que a los cargos para los cuales concursaron, quienes realmente llegaban eran los de más baja puntuación, contando por supuesto, con la influencia de un padrino político o de un encumbrado funcionario público, quien se encargaba de mover las piezas del ajedrez, refiriéndome figurativamente al otorgamiento de los puntajes, mientras que, quienes contaban con uno o más títulos obtenidos lícitamente en la universidad ecuatoriana y adicionalmente, con capacidad y honestidad, quedaban burlados, reitero, aquello resultaba decepcionante, vergonzoso y como era lógico, perjudicial para la institución a la cual debía prestar servicios el ganador, así como también al país, porque en esa forma, por años, personas sin el perfil requerido eran enrolados en los diferentes cargos públicos, incluyendo los de dirección, resultando su actuación un desastre, por decir lo menos.

Sobre lo señalado, ha ido aumentando el descontento y lógicamente las voces de protesta, pero también ha ido creciendo la conciencia en ecuatorianas y ecuatorianos, que con esa conducta, el país, en vez de avanzar hacia un futuro de éxito, se estancaba y hasta retrocedía, por consiguiente el desarrollo ansiado, se esfumaba, de manera que, desde hace un tiempo a la fecha, en las instituciones públicas en general y en el Poder Judicial en particular, frente a la que se encuentra el Consejo Nacional de la Judicatura y la Excma. Corte Suprema de Justicia, las cosas han cambiado, en otras palabras, su accionar en el caso que nos ocupa, ha dado un giro de ciento ochenta grados y un claro ejemplo de ello es, el concurso riguroso de méritos y de oposición que se desarrolló en el Ecuador, para la designación de los treinta y un magistrados que conforman el más alto Tribunal de Justicia de la República, a vista de todas y todos, controlado por una comisión jurídica de la más alta solvencia moral e intelectual y además, por veedurías nacionales e internacionales, que si analizamos a profundidad y lo calificamos, de manera honesta e imparcial, podríamos asegurar, que nunca antes en el país se dio un concurso extremadamente transparente como ese y si alguna falla leve se pudo detectar posteriormente, esto se debe a que en el campo humano, nada es perfecto y que esa falla, sin lugar a dudas, fue de buena fe.

Con ese ejemplo, el Consejo Nacional de la Judicatura y la Excma. Corte Suprema de Justicia, resolvieron reestructurar las diferentes Cortes Distritales del país, igualmente bajo rigurosos concursos de méritos y de oposición, justamente a consecuencia de ellos, hasta el momento se han designado a Ministras y Ministros de las Cortes Superiores de los Distritos de: Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay y Loja, y en esta ocasión, los concursos de méritos y de oposición, paso a paso fueron dados a conocer por periódicos de circulación nacional, receptando en primer lugar las documentaciones de los aspirantes, en las que debían constar la preparación académica de cada uno de ellos y su probidad notoria. Aquellas documentaciones tenían un puntaje, mínimo de treinta y máximo de sesenta y otorgados dichos puntajes, éstos fueron dados a conocer públicamente, para que luego los aspirantes clasificados, se presenten a dos exámenes escritos, el primero sobre cultura general universal y el segundo, sobre la materia de especialización escogida, cada examen sobre un máximo de veinte. La suma de los dos puntajes correspondió a la puntuación final de cada aspirante, produciéndose sus designaciones por parte de la Excma. Corte Suprema de Justicia, y otro hecho que cabe destacar es, que hubo dos oportunidades para que ciudadanas y ciudadanos, presenten impugnaciones fundamentadas, las que fueron tramitadas y debidamente resueltas. Los concursos en referencia, fueron conducidos por experimentados miembros del Consejo Nacional de la Judicatura e igualmente observados por veedores probos, garantizando su total idoneidad, que debe y tiene que pasar a constituir cultura inalterable en nuestro país.

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